Nos están matando y se está volviendo costumbre.

Desde fines del siglo XVIII, el feminismo empezó a tomar forma como corriente de pensamiento y de lucha. En 1791, en plena Revolución Francesa, Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, como respuesta a una revolución que hablaba de libertad e igualdad pero solo pensaba en los hombres. Dos años después la guillotinaron. Al año siguiente de su declaración, Mary Wollstonecraft publicaba en Inglaterra Vindicación de los derechos de la mujer, donde sostenía algo que hoy parece obvio y en ese momento era un escándalo: que si las mujeres parecíamos inferiores era porque se nos negaba la educación, no por naturaleza.

Desde entonces, las mujeres nos organizamos, a veces con más cohesión y otras con menos, para discutir y exigir algo tan básico como ser tratadas como iguales. Lo hicieron las sufragistas que pelearon por el voto, las obreras que reclamaron jornadas dignas, las que exigieron poder estudiar, divorciarse, decidir sobre su cuerpo o simplemente caminar tranquilas por la calle.

Argentina tiene su propia historia en esa lucha. Julieta Lanteri logró votar en 1911, aprovechando un vacío legal, y tuvo que ir a la Justicia para que le reconocieran la ciudadanía. Alicia Moreau de Justo dedicó su vida a reclamar derechos políticos y civiles para las mujeres. Recién en 1947, con la Ley 13.010, el voto femenino fue una realidad en todo el país. Cada uno de esos derechos que hoy damos por sentados fue arrancado, nunca regalado.

Algunas de esas luchas, muy pocas, se ganaron en pequeñas porciones del mundo. Pero seguimos inmersas en una sociedad global que, de distintas formas, nos ataca y nos lastima una y otra vez. A veces lo hace de manera sutil, con un chiste, una mirada o una pregunta fuera de lugar. Otras veces lo hace de la forma más brutal posible: sacandonos la vida.

En Argentina hay un femicidio cada 33 horas. Detrás de ese número hay nombres, familias, hijas e hijos que quedan sin su madre, sin su amiga. Y detrás de cada caso hay, casi siempre, una historia previa de control, de celos, de golpes y de amenazas que alguien vio o alguien denunció.

Poder caratularlo así,como FEMICIDIO, con el peso que esa palabra tiene en el Código Penal, fue posible recién el 14 de noviembre de 2012, cuando el Congreso sancionó la Ley 26.791. Esa norma incorporó como agravante del homicidio el hecho de matar a una mujer cuando media violencia de género, y previó prisión perpetua para esos casos. No fue un capricho del lenguaje: fue reconocer que no es lo mismo una muerte en un robo o en una pelea que la muerte de una mujer a manos de un hombre que la considera de su propiedad.

Nombrar importa. Lo que no tiene nombre no se cuenta, y lo que no se cuenta no existe. Durante décadas, los diarios hablaron de "crímenes pasionales", como si matar por amor fuera posible, como si la culpa fuera de la pasión y no del asesino. Llamar femicidio a un femicidio es decir con claridad que esa mujer murió por ser mujer.

Tres años después de aquella ley, el 3 de junio de 2015, cientos de miles de personas llenaron las plazas de todo el país bajo una consigna simple: Ni Una Menos. El detonante fue el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada por su novio en Rufino, Santa Fe. Esa marcha cambió la conversación pública en Argentina y se replicó en toda América Latina. Por primera vez, la violencia machista dejó de ser un asunto privado, "de pareja", para convertirse en un problema político que exigía respuestas del Estado.

La trampa de la igualdad:

Hoy, desde el Gobierno nacional buscan eliminar la figura del femicidio con el argumento de la "igualdad ante la ley". Dicen que la vida de una mujer no puede valer más que la de un hombre, y que tener un agravante específico es un privilegio.

El argumento suena razonable hasta que se lo mira de cerca. La figura del femicidio no dice que la vida de una mujer valga más. Dice que hay un tipo de violencia que tiene una causa concreta, la desigualdad de género, y que el Estado tiene que reconocerla para poder prevenirla. 

La igualdad formal, la que está escrita, no alcanza cuando la realidad es desigual. Tratar igual a quienes están en condiciones distintas no es justicia: es dejar todo como está. Por eso la propia Constitución Nacional, desde la reforma de 1994, habla de medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades, y otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Además, Argentina ratificó en 1996 la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Retroceder en la protección penal no es solo una decisión política interna: es dar la espalda a compromisos internacionales que el país asumió frente al mundo.

Esto no es un hecho aislado. En los últimos años se eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se desarmaron programas de acompañamiento y se recortaron recursos destinados a la asistencia de víctimas. Cuando el Estado se retira, quienes quedan solas son las mujeres que necesitan ayuda.

En este sentido, les propongo preguntarnos: ¿De qué igualdad nos hablan, si un producto que cumple exactamente la misma función cuesta más cuando está dirigido a mujeres? el famoso "impuesto rosa". 

¿De qué igualdad nos hablan, si en una entrevista de trabajo nos preguntan si estamos pensando en ser madres? A ningún varón le preguntan si piensa ser padre, porque se da por sentado que eso no va a afectar su trabajo. Y después, aunque consigamos el puesto, cobramos en promedio menos que ellos por el mismo trabajo.

¿De qué igualdad nos hablan, si somos nosotras quienes hacemos el trabajo y son ellos quienes se quedan con el mérito? La historia de la ciencia está llena de ejemplos. Rosalind Franklin obtuvo la imagen que permitió descubrir la estructura del ADN, y el Premio Nobel se lo llevaron tres hombres. Y pasa todos los días en oficinas, aulas y reuniones, cuando una idea dicha por una mujer pasa desapercibida hasta que la repite un compañero.

¿De qué igualdad nos hablan, si además de trabajar afuera seguimos haciendo la mayor parte del trabajo dentro de casa? Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INDEC, las mujeres dedicamos casi el doble de horas diarias que los varones a tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Es un trabajo que sostiene a la sociedad entera y que nadie paga.

¿De qué igualdad nos hablan, si la Justicia se muestra implacable con algunas mujeres y tantas veces lenta, sorda o indiferente cuando la víctima es una mujer? Las causas por violencia de género se acumulan, las medidas de protección se incumplen y los procesos se estiran durante años, mientras las víctimas y sus familias esperan una respuesta que muchas veces no llega.

Hace unas horas se conoció el femicidio de Aixa. Ella denunció. Tenía botón antipánico. Hace dos días, su expareja (quien había estado preso y lo liberaron hace dos meses)la mató. Otra más.

Aixa hizo todo lo que se le pide a una mujer en su situación. Habló, se animó, fue a una comisaría y contó lo que le pasaba. Obtuvo una medida de protección. Hizo exactamente lo que los afiches, las campañas y los funcionarios repiten: "denunciá". Y no alcanzó.

Un botón antipánico no detiene a nadie. Es una herramienta para pedir auxilio cuando el peligro ya está encima. Si el sistema confía toda la protección en que la víctima llegue a apretar un botón a tiempo, el sistema está fallando antes de empezar. La pregunta no es si Aixa hizo lo suficiente. La pregunta es qué hizo el Estado con todo lo que ella le dio.

¿Cuántas denuncias habrá como la suya? Denuncias por acoso, por violencia física y psicológica, con pruebas, con mensajes, con testigos, con pedidos desesperados de ayuda, que terminan en la nada misma. Expedientes que pasan de un escritorio a otro, perimetrales que nadie controla, agresores y acosadores que accionan una y otra vez sin consecuencias.

Estamos cansadas de que cada pocos días aparezca un nombre nuevo en las noticias, una foto sonriente compartida en redes, una familia pidiendo justicia en la puerta de un juzgado. Esto NO puede ser tomado por costumbre. 

La igualdad que nos prometen no existe mientras sigamos teniendo miedo de volver solas a casa, mientras tengamos que avisar cuando llegamos, mientras denunciar no sea garantía de nada. La igualdad no se declama: se construye con políticas públicas, con presupuesto, con justicia que funcione y con un Estado presente, involucrado e interesado.

Eliminar la figura del femicidio no nos va a hacer más iguales. Solo va a hacer más invisibles a las que ya no están. Mientras el Estado discute si el femicidio merece tener nombre propio, nosotras seguimos contando muertas.