Los lápices siguen escribiendo (hoy más que nunca)

Este 16 de septiembre se conmemoran 50 años de los trágicos hechos inmortalizados como "La Noche de los Lápices". Aquella madrugada de 1976, en la ciudad de La Plata, un grupo de estudiantes secundarios de alrededor de 16 años, militantes de centros de estudiantes que alzaban la voz por derechos como el boleto estudiantil, fueron secuestrados, torturados y en gran parte asesinados en centros clandestinos por fuerzas militares y policiales, en el marco del terrorismo de Estado.

Las víctimas no eran dirigentes políticos consagrados ni adultos con trayectoria pública. Eran chicos y chicas de secundaria que comprendieron, a muy temprana edad, que la escuela no termina en las cuatro paredes del aula y que lo que se decide en términos de transporte, de acceso a la educación o de participación, efectivamente los involucra, son actos políticos y deberían de tener el derecho de poder incidir en ello. En ese sentido, la lucha por el boleto estudiantil no era un capricho: era la certeza precoz y lúcida de que sin condiciones materiales no hay igualdad de oportunidades, y de que tales condiciones no devienen de la buena voluntad de los gobernantes, sino del reclamo colectivo.

Esa convicción no era ingenua. Los centros de estudiantes fueron, y siguen siendo, la primera escuela de ciudadanía para cientos de miles de jóvenes: el espacio donde se aprende a organizar una asamblea, a debatir con quien piensa distinto y a asumir responsabilidades colectivas antes incluso de tener edad para votar. Por eso mismo resultaban una amenaza para un régimen represivo que necesitaba, para sostenerse, una sociedad silenciada y atomizada. Perseguir a los estudiantes no fue un hecho casual; fue una decisión estratégica para apagar de raíz la transmisión de la conciencia política entre generaciones.

Hoy, medio siglo después, la lección mantiene su vigencia. La participación juvenil en los asuntos públicos no es una anomalía ni una intromisión en un terreno ajeno, sino una de las formas más genuinas de ejercicio democrático. Cuando los estudiantes se organizan, marchan por el presupuesto educativo o discuten qué modelo de país quieren habitar, están ejerciendo un derecho que generaciones anteriores pagaron con su vida. Restarle legitimidad o tildarla de "adoctrinamiento" implica desconocer que la política es la construcción colectiva del mundo que habitamos, un proceso donde la juventud siempre ha tenido y debe mantener un rol central.

Sin embargo, honrar la memoria estudiantil exige sostener la verdad sobre el costo de esa lucha. A cincuenta años de aquella noche, los consensos fundamentales sobre la historia reciente enfrentan serios embates. Lo que durante décadas pareció una certeza inquebrantable (que existió un plan sistemático de exterminio, que hubo 30.000 desaparecidos y que la dictadura operó como terrorismo de Estado y no como una "guerra" de bandos equivalentes) hoy vuelve a cuestionarse desde espacios de representación pública.

Discursos que relativizan los crímenes de lesa humanidad como meros "excesos" o que apelan a la teoría de los dos demonios intentan igualar a las víctimas con sus victimarios. Esta corriente no responde a un debate académico neutro; negar o minimizar el terrorismo de Estado representa una nueva forma de violencia que despoja a las víctimas de la verdad y deslegitima décadas de búsqueda de Madres, Abuelas y familiares. Asimismo, constituye un terreno fértil para naturalizar discursos de odio contra la protesta social y la disidencia política.

La memoria, por lo tanto, no es un ritual nostálgico restringido a las efemérides escolares: es una herramienta ética para la defensa del presente. Como señalaba el Papa Francisco y parafraseando, antes de la violencia física suelen operar los discursos de odio, el prejuicio y la manipulación del lenguaje. Cada vez que se relativiza la dictadura, se allana el camino para la vulneración de los derechos humanos en el futuro.

Recordar y reconocer a María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moler y Patricia Miranda es un acto de justicia histórica y un compromiso con las generaciones venideras.

Su legado nos recuerda que la democracia no es un dato dado, sino un derecho que exige ser defendido activamente. 

Nunca más.